Navalcán es Villa desde el año 1653

Sin duda, uno de los acontecimientos fundamentales en la historia de Navalcán tuvo lugar en 1653, año en que el pueblo alcanzó el título de Villa, eximiéndose de la jurisdicción de Oropesa y el Señorío de su Conde y empezando a organizarse y administrarse por sí mismo, siendo dueño de su propia jurisdicción de tierras que ya podía explotar a su arbitrio. Como es sabido, hasta ese año el Conde de Oropesa era dueño y señor de Navalcán y sus tierras, y éstas estaban comprendidas dentro de la jurisdicción de Oropesa. Navalcán, pues, era un lugar más de los varios que comprendía el Estado Señorial de Oropesa con el título de Condado. Alcanzar el título de Villa o Privilegio de Villazgo fue un asunto difícil y verdaderamente complicado, que requirió largos y delicados trámites que los navalqueños de entonces supieron afrontar con habilidad y amor propio.

El 8 de marzo de 1652 empezaron las gestiones. Ese mismo día se presentaron ante el Conde de Oropesa Diego Naharro, alcalde del entonces lugar de Navalcán, y los regidores Juan Flores y Juan Gómez de Melchor. Estos tres esforzados navalqueños presentaron un poder otorgado y firmado, en reunión previa celebrada "a campaña tacida según uso y costumbre", por numerosos "hombres buenos" de Navalcán. Por el dicho poder, los citados alcalde y regidores, que componían "la justicia y regimiento del lugar de Navalcán", venían a tratar con su Excelencia el Conde de Oropesa "sobre y en razón de eximirles de la jurisdicción de esta villa (de Oropesa) haciéndole al dicho lugar (Navalcán) Villa." Dicho poder les había sido entregado en Navalcán dos días antes, el 6 de marzo, junto con un pliego de 25 de condiciones que el pueblo de Navalcán ponía y exigía a cambio de pagar la cantidad de dinero estipulada para la obtención del título de Villa o Privilegio de Villazgo, es decir, por alcanzar la independencia con respecto a la Villa de Oropesa.

La primera condición que ponía Navalcán, era ser villa "exenta", es decir con su propia jurisdicción tanto de tierras como de administración (regirse y gobernarse por sí misma) "con jurisdicción alta y baja, mero mixto imperio civil y criminal, horca y cuchillo" es decir, con los símbolos y el poder propio de Villa. La segunda condición era que Oropesa no tuviese ningún poder sobre Navalcán, ni sobre las personas, ni sobre las tierras que se le señalasen como jurisdicción o término. La tercera condición que exigía Navalcán era el poder proponer los nombres de las personas que debían componer "las justicia y regimiento", a saber, los cargos de Alcalde Ordinario, dos regidores, un Procurador General y un Alguacil: Navalcán exigía que todos ellos debían ser vecinos y naturales del pueblo, el cual propondría dos nombres para cada cargo y el Sr. Conde de Oropesa debería nombrar de entre ellos a quien le pareciere. La cuarta condición consistía en que Navalcán aceptaba que el Conde de Oropesa, pudiera elegir por si mismo un representante suyo para que actuara junto con la "justicia": se trataba del cargo de Teniente de Alcalde Mayor, y el Conde debería elegirlo a su gusto entre los naturales y vecinos de Navalcán. La quinta condición hacía referencia al delicado asunto de la asignación de las tierras del término o jurisdicción, " que se le ha de dar al dicho lugar (Navalcán) siendo villa la jurisdicción de campo y montes y jarales de la parte más cercana y contigua del dicho lugar de lo que le tocare conforme a la vecindad". En fin, el pliego de las 25 condiciones se extendía además en consideraciones menudas sobre los más diversos aspectos, de suerte que Navalcán dejaba todo atado y bien atado de cara a posibles reclamaciones y pleitos que pudiera suscitar La Villa de Oropesa (como así lo haría más tarde).

El Conde aceptó todas las condiciones y se iniciaron los trámites. Navalcán debía pagar a Su Majestad el Rey de España (Felipe IV) la cantidad de 982.500 maravedíes, "la tercia parte de ellos en plata". El cálculo se hizo sobre 131 vecinos a razón de 7.500 maravedíes cada uno.

En todas estas gestiones se pasó el año 1962. La Ejecutoria del Privilegio de Villazgo fue firmada por el Rey, ya en el año entrante. Felipe IV, la otorgaba el 2 de marzo de 1953 y daba comisión a Don Antonio de Acuña, "Juez por Su Majestad para el Villazgo". Ordenándole que acudiese a Navalcán, "para que diese la posesión", tanto del título de Villa como de "la jurisdicción y del término que tuviese señalado".

El acto propiamente como tal de la proclamación de la Villa de Navalcán tuvo lugar el 19 de mayo de ese mismo año de 1953. En la Plaza del Ayuntamiento, procediéndose a continuación con la medición y amojonamiento de las tierras.
Para la adjudicación del término y su consiguiente amojonamiento se tomó como referencia la medición del término del Condado de Oropesa que había hecho en 1642 el medidor oficial de tierras Pedro de Soto. Este había actuado con ocasión de la exención de los términos de Lagartera, Torralba, Parrillas y Calzada; pueblos que alcanzaron el Privilegio de Villazgo en 1642. En virtud de dicho reparto le correspondían a Navalcán dos mil doscientas cuarenta y cuatro fanegas de tierra. A esto había que añadir el ejido y la dehesa de Calabazas, que Navalcán entendía que ya era término suyo por habérselo comprado anteriormente al Conde de Oropesa.

Pedro de Soto, acompañado del también medidor Sebastián Crespo, llevó a cabo las mediciones durante los últimas días del mes de marzo de 1653, para lo que contó con la presencia y asesoramiento de cuatro "hombres buenos" de la recién proclamada villa de Navalcán, cuyos nombres eran Bartolomé González Crespo, Juan Fernández, Pedro García y Diego Naharro, buenos conocedores de las tierras. Se notificó así mismo a las Villas de Oropesa y Parrillas para que enviasen representantes de su justicia y regimiento para que estuviesen presentes a dicha medición en los casos en que las mediciones y amojonamientos afectasen a tierras limítrofes.

Según se iba procediendo a los amojonamientos de los diversos lotes o conjuntos de tierras (el ejido, la dehesa de Calabazas, la dehesa Boyal, los montes, los baldíos, los jarales....), el juez Comisionado don Antonio de Acuña iba dando posesión de las mismas a la justicia y regimiento de Navalcán, según una ceremonia antigua y con pregones de muy duras penas que se impondrían al que no respetase los amojonamientos. Cito, a continuación, la toma de posesión de la dehesa de Calabazas y los pregones que se hicieron: "En el sitio e pago que dicen de la Dehesa de Calabazas y cerca de la Dehesa Boyal de la villa en treinta días del mes de marzo de mil e seiscientos y cincuenta y tres, su mrd El Señor Don Antonio, Juez por Su Majestad. En virtud de su Real Cédula para la exención y cumplimiento del Villazgo, acotamientos de los montes y ejidos que tocan e pertenecen a dicha Villa, en presencia de mí el presente escribano (...) y en presencia de otras muchas personas que se hallaron en el sitio declarado, en ejecución de lo dispuesto por dicha Real Cédula, asió por la mano a Francisco González Santos, familiar del Santo oficio de la Inquisición. Teniente de Alcalde mayor de dicha villa, Martín González Corrochano Alcalde ordinario de ella, Juan Retamoso y Juan de Arriba, Regidores asimismo de dicha villa de Navalcán, por sí y en nombre de los vecinos de ella y las justicias que adelante fueren y por ausencia de Bartolomé Moreno, procurador general, y los metió en la dehesa de Calabazas alto y bajo de ella, y en otra que a su linde está que dicen la dehesa Boyal de la dicha villa de Navalcán y una y otra dehesa linde con el ejido de dicha villa y baldíos que se la han de dar y van dando posesión, en las cuales dichas dehesas declaradas el dicho señor Juez dio a dichos Alcalde mayor y ordinario y Regidores por sí y en el dicho nombre y los que les sucedieren en los oficios que al presente tienen la posesión Real actual corporal civil natural del casi, en la cual dijo les amparaba y amparó y mando en virtud de dicha Real Cédula se pregone en dicho sitio y término, que ninguna persona de ningún estado y calidad que sean, así vecino de la dicha Villa de Navalcán como de las demás partes Villas y lugares de los Reinos y señoríos de su majestad no sean osados a quebrantarlos la posesión de dichas dehesas y sus términos y deslinden, antes les amparen en ella pena de muerte y dos mil ducados para la Cámara de Su Majestad, en que desde luego su merced da por condenado al que lo contrario hiciere. El cual, dicho pregón se dio en mi presencia y de las personas expresadas y testigos por voz de Juan Jiménez, pregonero público en altas e inteligibles voces, y dichos Alcalde mayor y ordinario y Regidores tomaron posesión de dichas dehesas sin contradicción alguna, y en señal de posesión dichos alcalde mayor y Ordinario alzaron verdad de justicia, cortaron ramas de encinas y se pasearon por dichas dehesas y echaron fuera de ellas a las personas que a la sazón estaban requiriéndoles de su parte no se la inquieten so las penas del bando. Y de cómo se tomó en la forma dicha lo pidieron por testimonio para en guarda de su derecho..."

Hemos querido traer aquí este sabroso documento para que, por su estilo antiguo, que nos evoca ancestrales usos y costumbres, tengamos un conocimiento más cercano de cómo era la toma de posesión de las tierras que asignaban como término a villa, cuando esta era proclamada como tal, como sucedió con Navalcán en 1653. Pero no pensemos que todo era tan fácil como por el documento podemos concluir. Había protestas y recursos, sobre todo por parte de la villa señorial que perdía la jurisdicción de las tierras o término, en este caso Oropesa. La cabeza del Condado, que ya se había quejado muy agriamente en 1612, cuando tuvieron lugar las cuatro primeras exenciones mencionadas (Torralba, Lagartera, Parrillas y La Calzada), volvió a quejarse ahora y denunciar la asignación de jurisdicción a Navalcán. Aceptaba Oropesa que Navalcán fuera proclamada villa por gracia y capricho del Conde, pero no soportaba que se le asignase, como término y jurisdicción, una tan amplia extensión de tierras que Oropesa entendía que eran suyas "desde tiempo inmemorial" y deberían seguir siendo de su jurisdicción. Es decir, en 1653, ante la exención de Navalcán, Oropesa volvía a repetir las denuncias y los mismos argumento que habían esgrimido en 1642, cuando se eximieron las cuatro villas mencionadas. Oropesa no consiguió nada en ningún caso.

El Conde y el Rey habían aprobado los Privilegios de Villazgo y el reparto y amojonamiento de términos. La villa de Oropesa sólo podía lamentar el fin de su extensísima jurisdicción señorial, al tiempo que su mismo seno, y en sus mismas tierras, veía nacer una serie de villas que mostraban su madurez y sentido de independencia.

Navalcán lo conseguía el año 1653.